El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos desde el 20 de enero, ya sea a través de deportaciones o mediante la autodeportación voluntaria. La cifra incluye aproximadamente 1.6 millones de personas que salieron por decisión propia y más de 400,000 expulsiones ejecutadas por las autoridades.
La administración del presidente Donald Trump asegura que va camino a romper récords históricos, con la proyección de alcanzar cerca de 600,000 deportaciones para finales de su primer año desde su regreso a la Casa Blanca. Según funcionarios, la política migratoria endurecida busca enviar un mensaje claro: quienes permanezcan ilegalmente en el país enfrentarán la deportación. “Los números no mienten”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, quien subrayó que las comunidades estadounidenses “son más seguras” gracias a estas medidas.
El gobierno destaca que por cuarto mes consecutivo la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún indocumentado dentro del territorio estadounidense. Además, un estudio reciente de Naciones Unidas señala que las políticas migratorias de Trump han generado una reducción del 97% en los flujos de migrantes provenientes de Centroamérica. Entre los encuestados que decidieron no continuar su viaje, el 49% dijo creer imposible ingresar a EE.UU. y un 46% señaló el temor a la detención o deportación como la razón principal.
Mientras tanto, el DHS continúa reforzando su capacidad operativa. La agencia ha recibido más de 150,000 solicitudes para integrarse a las filas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y se están negociando nuevos centros de detención con nombres como Alligator Alcatraz y Louisiana Lockup. Con más de 1,000 acuerdos de cooperación local firmados en 40 estados, el gobierno asegura que la maquinaria de arresto y deportación será cada vez más rápida y eficiente, consolidando lo que denominan “el fin de la era de fronteras abiertas”.